El terremoto que han sufrido los ciudadanos de Lorca (Murcia) pone en valor el esencial papel de los servicios públicos, frente al feroz ataque que están recibiendo por parte de los mercados.
El terremoto que ha sufrido la localidad de Lorca (Murcia) el pasado día 11 de mayo, con una magnitud de 5,1, ha dejado undesolador panorama entre sus ciudadanos, con un saldo inicial de nueve muertos y 293 heridos, según indica “El País”, en el día de ayer. El caos producido en Lorca, con un balance devastador desde el punto de vista material y, fundamentalmente, humano, ha exigido la movilización de los servicios públicos del Estado para garantizar la ayuda a todos los damnificados por un fenómeno de tal magnitud.
Sin ánimo de exhaustividad, la catástrofe ha implicado poner en marcha, inicialmente, a 350 soldados de la Unidad Militar de Emergencias. Asimismo, la Gerencia de Emergencias Sanitarias ha activado el Plan de Alarma, desplazando a todas las unidades de emergencias sanitarias disponibles, siete UCI móviles, un vehículo de intervención rápida y un hospital de campaña en el que se atendieron a decenas de heridos, después del desalojo del Hospital Rafael Méndez, de Lorca.
Del parque de bomberos partieron 14 personas en dos furgonetas con material de rescate en derrumbamientos. Igualmente se desplazó un vehículo de mando y un camión autobomba junto a un remolque con generadores eléctricos y equipos de iluminación.
Los servicios de Protección Civil permanecen constantemente en Lorca, singularmente la unidad canina que está colaborando en la localización de personas desaparecidas.
A su vez, el Ayuntamiento de Mazarrón está colaborando con dos hospitales de campaña y 18 efectivos coordinados por el Jefe de Protección Civil para ayudar en las tareas necesarias debido a los daños.
En definitiva, y según el diario “El País” del día de ayer, el Ejecutivo ha movilizado a casi 1.300 agentes, militares y funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico, la Unidad Militar de Emergencias y Cruz Roja.
Y en todo este dramático escenario, ni que decir tiene que no ha aparecido el tan mencionado mercado, las entidades financieras, y menos aún las agencias de rating, tan determinantes, hoy en día, del futuro de la sociedad.
Por tanto, a la vista de lo anterior, deberíamos preguntarnos qué ocurriría si los tan cuestionados servicios públicos y, por ende, sus empleados públicos, no estuviesen presentes para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de los ciudadanos de este país.
Todos somos conocedores del feroz ataque que existe - en estos momentos de hegemonía de los mercados- contra la existencia de los servicios públicos y en consecuencia, contra los empleados públicos que les dan sentido.
Las voces que se alzan en contra del gasto que suponen los citados servicios públicos vienen de numerosas instancias, tanto públicas como privadas, apelando a su ineficiencia y obsolescencia. Este reiterado mensaje, que incorpora abiertamente un buen número de medios de comunicación, esconde veladamente la idea de que la iniciativa privada, o mejor dicho, el omnipresente mercado, sería la mejor herramienta para cubrir las necesidades esenciales de los ciudadanos, dejando de mencionar que sólo podrían acceder a los servicios privados aquellos ciudadanos que pudiesen pagarlos.
Por ello, es necesario reivindicar de forma segura y decidida, el fundamental papel que desempeñan los servicios públicos en un Estado social y democrático de derecho. Basta analizar los contenidos de la Constitución Española para concluir que su misión sostiene los pilares básicos de la estructura estatal, sin cuyo concurso el ser humano no crecería en libertad en una democracia saludable.
El Estado es fuerte si su modelo de empleo público lo es, siendo éste un fundamento básico si aspira a controlar los desajustes sociales y económicos en beneficio de los más desfavorecidos. Ofrecer servicios públicos de calidad a la sociedad, independientemente del nivel de la renta, siempre con eficiencia y eficacia, es contribuir a la igualdad y a la promoción social.
Ante dicha afirmación, pudiera ser poco responsable apelar al recorte del empleo público y a la minoración de los salarios (hechos que ya han acontecido) como fuente de reducción del déficit, sin considerar los daños que, a medio y largo plazo, ocasionaría al Estado del bienestar, un modelo debilitado y raquítico de servicios públicos.
En lugar de optar por el anterior camino, debería, a mi juicio, haberse buscado, previo diagnóstico, la eficacia, la eficiencia y la equidad del modelo, en términos de asignar óptimamente los recursos. Pero esta asignatura, aún pendiente, es una tarea de consenso y de acuerdo entre todas las Administraciones Públicas: Entidades Locales, Comunidades Autónomas y Estado.
Y ello, para garantizar adecuadamente los derechos y libertades de los ciudadanos en una solidaria democracia para crear una mejor sociedad. Dicho esto, manifiesto nuevamente mi apoyo y solidaridad incondicional al pueblo de Lorca. Es la obligación y responsabilidad de todos.
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