El huracán especulativo, sin rostro ni corazón y con el poder político sometido, camina por Europa arrastrado derechos sociales, creando sufrimiento y pobreza para la gran mayoría y sustrayendo las soberanías a sus auténticos propietarios: los pueblos.
En los dos últimos años hemos observado atónitos como los derechos de las ciudadanas y ciudadanos españoles se han convertido en moneda de cambio ante los ataques contra la deuda española provocado por un grupo de agentes sin rostro que apuestan por deteriorar la posición española, por el simple hecho de obtener grandes beneficios económicos a muy corto plazo, aunque ello produzca la desestabilización o el hundimiento del Estado.
Recordemos, a título indicativo, lo acontecido en noviembre de 2010, conforme a los datos publicados por Público, en su edición de 28 de noviembre, pasado: descenso de la bolsa hasta el 7,05%; incremento de los bonos a largo plazo en casi medio punto hasta el 5,157%; subida de 0,45 puntos de la prima de riesgo (cuyo índice es el sobrecoste frente a los bonos alemanes), hasta el record de 2,47 puntos; y el encarecimiento del 23,6% hasta 323,38 (lo que supone pagar 323.380 euros por asegurar 10 millones en bonos a cinco años) de los seguros que garantizan el impago de la deuda del Estado, más conocidos como CDS (Credit Dafault Sawap).
En este río revuelto, donde sólo cuentan las grandes sumas de dinero obtenidas o, en su caso, el debilitamiento interesado de Gobiernos y Estados, se produce un enorme sufrimiento y dolor del ser humano que resulta indiferente para aquéllos que tienen el control financiero y económico.
Los grandes movimientos especulativos suelen llevarse a efecto por los hedge funds (fondos de inversión de alto riesgo) en cuyo ámbito se mueven alrededor de 1,5 billones de euros, según fuentes de Hedge Funds Research, mencionadas por el diario Público en su edición de 6 de junio de 2010.
Uno de los objetivos esenciales de los hedge funds es la consecución de rendimientos absolutos en lugar de rendimientos relativos basados en un índice de referencia. Están organizados en forma de inversión colectiva privada, gestionados por sociedades profesionales como bancos de inversión o gestoras de fondos, pudiendo utilizar técnicas de inversión financieras no permitidas para los fondos tradicionales como la venta al descubierto o short-selling (shorting: apuesta a futuras bajadas de precios de acciones); uso de derivados financieros o seguro de impagos (Credit Dafault Sawap o CDS como se indicado anteriormente); permutas financieras o swap o contrato de futuros u opciones financieras, entre otras técnicas.
Asimismo, una de sus características básicas es que no están sometidos prácticamente a ninguna regulación y sus actores no necesitan identificarse para realizar las operaciones.
A este respecto, hay que destacar que la desregulación y la liberalización financiera ha alcanzado su máximo exponente con la derogación, en 1999, de la Ley Glass-Steagal, dictada en 1933 por la Administración Roosevelt tras el crack de 1929 y la consiguiente Gran Depresión, y entre cuyos contenidos se encontraba la obligación de separar la banca de depósito y la banca de inversión.
En este marco de especulación global no es de extrañar la sucesión de hechos sin precedentes que está viviendo Europa, cuyo poder político está siendo sometido a los dictados y tiranía de esos movimientos sin rostro ni corazón, arrastrando derechos sociales, creando sufrimiento y pobreza para la gran mayoría y sustrayendo las soberanías a sus auténticos propietarios: los pueblos.
En el caso español, estos movimientos especulativos, traducidos en el mandato europeo de reducción del déficit como amenaza permanente de supervivencia, han ocasionado la reacción de distintos estamentos de poder que, al amparo del desconcierto, han tratado de atajar la situación o, en su caso, sacar beneficios de la misma impulsando lo que parece resultar un cambio de modelo sin precedentes en el Estado de Bienestar.
De forma sintética podemos citar el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, recortándose las retribuciones de los empleados públicos y congelándose las pensiones; Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo; o el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, por el que se regulan, entre otras medidas, la rebaja fiscal en el impuesto de sociedades, la privatización de un 30% del Loterías del Estado, un 49% de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) - además de la gestión de los dos grandes aeropuertos, el de Madrid y Barcelona- y la eliminación del programa de prestaciones de 426 euros para parados sin cobertura.
En todos los casos, se trataba de calmar a los mercados financieros por parte del Gobierno y, bajo esta excusa, satisfacer a la Patronal que, en este huracán, está intentando sacar partido desequilibrando las posiciones entre trabajador y empresario a favor de éste último. Todo ello al amparo de la tan reiterada reducción del déficit y de la anhelada recuperación económica que, no sólo no se ha producido con las medidas indicadas, sino que se ha visto perjudicada a la vista de la dramática y fría cifra de paro, que alcanza alrededor de cinco millones de personas.
Pero el movimiento especulativo anónimo quiere más y, por ende, la Patronal. Los ataques producidos durante el año 2010, dieron sus frutos traducidos en nerviosismo, gestos y un elenco de medidas drásticas, como las expresadas, que pretendían alimentar la voracidad sin límites que se ha desatado en Europa.
Ahora, en 2011, volvemos a acudir a un nuevo desequilibro social, tras la aprobación por el Gobierno, el viernes, 10 de junio, de la reforma de la negociación colectiva, ante la ausencia de acuerdo entre Patronal y Sindicatos: “El Gobierno hace concesiones de última hora a la patronal. Las empresas podrán despedir barato si demuestran prever pérdidas transitorias. La reforma de la negociación colectiva rebaja los plazos previstos para que sindicatos y patronal negocien los convenios” (Público, 11, de junio de 2011).
Y todo lo anterior, después de meses de negociación alterada por el reciente e inesperado cambio de orientación de la Patronal, que ha imposibilitado alcanzar un acuerdo democrático provocando, con ello, la acción unilateral del Gobierno. Nada nuevo bajo el sol.
Como nada nuevo es volver a afirmar que una nueva forma de soberanía, inhumana y antidemocrática, se ha instalado en Europa: la especulación.
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