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La moraleja islandesa y la reforma del artículo 135 de la Constitución.


Madrid, 29 de agosto de 2011. Miguel Ángel García, redacción opiniondigital.es, magarcia@opiniondigital.es

La obligación prioritaria de pagar la deuda será inmediata y estará “blindada” por la Constitución. 

Este hecho levanta sospechas sobre los motivos reales para esta  reforma de la Constitución que en lugar de ir dirigida a la limitación inmediata del derroche, trataría de crear una traba difil de eludir para que la ciudadanía no pueda negarse a pagar deudas injustas, tal y como ha ocurrido en Islandia, donde sus ciudadanos decidieron no pagar con fondos públicos la deuda de sus bancos con el Reino Unido y Holanda, fruto de la mera especulación en los mercados.

Visto desde este ángulo, la propuesta, las prisas, el momento elegido, en plenas vacaciones veraniegas y a tres meses de unas elecciones generales cobran razón de ser para unos políticos que siguen sin escuchar a los ciudadanos pero sí buscan el beneficio de quienes han causado esta situación: los poderosos, el capital, los mercados, los especuladores, en detrimento del interés general de la nación cercenando el crecimiento futuro y dando la puntilla a los servicios públicos, el estado de bienestar y los derechos socialesA mi juicio, las intenciones perseguidas con la reforma están clarisimas, y benefician unicamente a los acreedores de la administracion y del estado. Se trata simplemente de blindar un aval para el prestamista. Así de claro.

Y por si queda alguna duda al respecto, el propio Trichet reconoce que se impuso la reforma a España. El Banco Central Europeo impuso la reforma exprés de la Constitución para limitar el déficit. Así lo manifestó el propio presidente de la institución, Jean Claude Trichet, quien aseguró ante el Parlamento Europeo que se lanzó un "mensaje claro" a España sobre las medidas que había que tomar para contar con el respaldo de Frankfurt ante la presión de los mercados a la deuda soberana española. "No hubo negociación" sino una lista de tareas para nuestro país, dijo minutos antes fuera de micrófonos Trichet al vicepresidente de la comisión de Asuntos Económicos, José Manuel García Margallo, según contó el eurodiputado del PP al diario La Razón.

Ahora es el momento de que todas las fuerzas que trabajan por una participación ciudadana real, que defienden unos valores sociales justos, sin colores ni tendencias políticas, se unan y le den un disgusto a quienes se han mofado de unos y otros, promoviendo el separatismo y el odio mutuo entre grupos, colectivos y personas que son aliados naturales. Y me refiero a los movimientos sociales 15M, Democracia Real Ya, y a los sindicatos, porque ya que hablamos tanto de la Constitución de 1978, estos tienen reconocida una importancia capital a raíz del artículo 7 de la misma.

Así queda el artículo 135 de la Constitución Española

“El PSOE y el PP entienden que es oportuno en este momento político sentar ya las bases de un acuerdo sobre la Ley Orgánica a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Española, que debe ser aprobada con urgencia antes del 20 de junio de 2012” manifestaron PSOE y PP en el documento presentado.

El artículo 135 de la Constitución Española pasa de los actuales dos puntos:

1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

A tener seis puntos y queda redactado como sigue

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias. Disposición adicional única.

Por otro lado, según el acuerdo pactado entre ambos grupos, la Ley Orgánica fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir del año 2020.

1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.

2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.

3. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020. Disposición final única.

Resulta evidente que no es todo como lo pintan. Mas allá de si la emision de deuda es de izquierdas o de derechas, la medida no gusta ni siquiera dentro del PP o del PSOE. En ambas formaciones hay voces críticas, desde las bases hasta las cúpulas directivas, donde se hacen muchas preguntas. En cualquier caso, es de esperar que estas críticas no pasarán de ahí y se acabara imponiendo la disciplina de cada partido.

Foto de la NoticiaFuera de las dos fuerzas políticas que han pactado la reforma, es desde la izquierda histórica y los movimientos ciudadanos donde se alzan la mayoría de las críticas y se convocan medidas y movilizaciones:

CCOO y UGT hicieron público un comunicado conjunto en el que rechazan la reforma de la Constitución y exigen la celebración de un referéndum. 

EL 15-M recorrió el domingo 28, el centro de Madrid contra la reforma constitucional, bajo el lema 'No a esta reforma de la Constitución. ¡Ni un paso atrás!', tras una semana en la que las protestas coparon  las redes sociales.

Tambien dos asociaciones de jueces piden un referéndum, La Francisco de Vitoria, segunda en afiliados, y Jueces para la Democracia cargan contra la reforma a la que consideran una rendición de la política ante los mercados.

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha confirmado este lunes que su partido se sumará a las movilizaciones convocadas por los sindicatos --los días 31 de agosto y 1 de septiembre por toda España y el 6 de septiembre en Madrid-- contra la reforma de la Constitución, que considera "el mayor atentado contra el Estado de bienestar en los últimos tiempos".

El dirigente de IU ha criticado que la reforma "va a atar de pies y manos a futuros gobiernos, tanto de comunidades autónomas como de ayuntamientos o al propio Estado para resolver problemas de contenido social", que a su juicio "están haciendo falta en España".

Cayo Lara ha insistido en la necesidad de someter a referéndum cualquier modificación que se quiera llevar a cabo de la Carta Magna ya que, según ha apuntado, una reforma de esta índole "no puede hacerse a espaldas del pueblo y tiene que someterse a referéndum para que tenga la legitimidad de la soberanía popular".

En ese sentido, ha lamentado que "cuando las plazas de ciudades y pueblos piden más democracia" con esta decisión "se vuelve a coartar" el concepto de la misma, al sacar "por la puerta de atrás del Parlamento" esta reforma "de calado ideológico hacia medidas neoliberales".

Mientras tanto, la petición dirigida por el único diputado del partido, Gaspar Llamazares, al resto de parlamentarios "para que se sumen a la petición de referéndum y se separen de esta actitud antidemocrática de PSOE y PP" aún no ha alcanzado el número de apoyos necesario para someter la reforma a consulta popular (35 diputados o 26 senadores). 

Los Sindicatos advierten de “peligroso precedente”

Ambos sindicatos, UGT y CC.OO., han acordado con otras organizaciones sociales convocar concentraciones en toda España para este miércoles, 31 de agosto, y el jueves, 1 de septiembre, contra la reforma para fijar un límite de déficit público. 

Por este motivo, se han convocado las movilizaciones para los días 31 de agosto y 1 de septiembre en todo el país.

Además se ha convocado una gran manifestación en Madrid el día 6 de septiembre a la que han invitado "a todos los que no estén de acuerdo" con la reforma, y han decidido apoyar "cualquier movilización que se convoque desde otros movimientos", en clara alusión al 15M o Democracia Real Ya, porque "es el momento de la unidad de todos los que compartan estos objetivos".

A los sindicatos se han sumado otras fuerzas sociales como la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Coordinadoras Autonómicas, Plataforma 2015 y +, Attac España, así como el sindicato policial mayoritario, el SUP, que marchará contra la reforma de la Constitución junto a distintas asociaciones de mujeres y de inmigrantes. 

A mi juicio es la ocasión de demostrar esta unidad dando el apoyo a las movilizaciones previstas y participando contra la reforma constitucional el próximo día 6 de septiembre en Madrid.

Es como decía al principio de este articulo, el momento para la unión de todas las fuerzas, de demostrar grandeza de miras e inteligencia y de establecer una estrategia dirigida a conseguir objetivos.

Porque las diferencias pueden esperar.


Miguel Angel Garcia Sánchez

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