Estamos envueltos en un escenario muy controvertido, tanto social como económico y financiero, donde el empleo público se ha convertido, al amparo de voces supuestamente autorizadas y de decisiones gubernamentales, en uno de los factores de intercambio intelectual y real para justificar el objetivo de la reducción, sin más, del déficit del Estado.
Y digo sin más porque este objetivo deseable, aún considerando la multitud de hipótesis y de indicadores económicos que pudieran haberse manejado para su esperada consecución, parece que no se ha acompañado del correspondiente y necesario análisis del coste de oportunidad que representa el valor de aquello a lo que se renuncia: un modelo de empleo público solvente y de calidad.
Acudimos, a su vez, a una crítica despiadada de las empleadas y empleados públicos, como si de un mal necesario se tratase sin que, desde casi ninguna instancia pública o privada, se apele al determinante papel que juega en las democracias modernas y en los Estados del bienestar, un colectivo tan vocacional y determinante como el que nos ocupa; sin que existan voces que legitimen y defiendan su actuación como garantes de los derechos y libertades ciudadanas.
Por ello, es necesario reivindicar de forma segura y decidida, el esencial papel que desempeñan las empleadas y empleados públicos en un Estado social y democrático de derecho. Basta analizar los contenidos de la Constitución Española para concluir que su misión sostiene los pilares básicos de la estructura estatal, sin cuyo concurso el ser humano no crecería en libertad en una democracia saludable.
El Estado es fuerte si su modelo de empleo público lo es, siendo éste un fundamento básico si aspira a controlar los desajustes sociales y económicos en beneficio de los más desfavorecidos. Ofrecer servicios públicos de calidad a la sociedad, siempre con eficiencia y eficacia, es contribuir a la igualdad y a la promoción social por encima de la riqueza individual.
Las críticas que, en ocasiones, reciben las empleadas y empleados públicos, muchas veces amparadas en la ignorancia y desafortunadamente vestidas de chiste fácil, no son rigurosas ni se ajustan a la realidad en la mayoría de los casos.
Si bien eso es así, también pudiera ser poco responsable apelar al recorte del empleo público como fuente de reducción del coste, sin considerar los daños que, a medio y largo plazo, ocasionaría al Estado del bienestar, un modelo debilitado y raquítico. En este supuesto, el Estado, para responder mínimamente a las demandas sociales, se vería obligado a una mayor externalización y privatización de servicios, con unas menores garantías de calidad y un mayor coste para el conjunto de los ciudadanos, como ya ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su moción al Parlamento en febrero de 2009 o la Intervención General del Estado en su reciente informe de diciembre pasado.
Cuestión diferente es buscar, previo diagnóstico, la eficacia, la eficiencia y la equidad del modelo, en términos de asignar óptimamente los recursos. Pero esta asignatura, aún pendiente, es una tarea de consenso y de acuerdo entre todas las Administraciones Públicas: Comunidades Autónomas y Estado.
Por este camino, el de la asignación eficiente y equitativa de recursos entre Administraciones, podríamos encontrar la fortaleza en el modelo de empleo público que diseña la Constitución, sin merma de su estructura y solidez. Y ello, para garantizar adecuadamente los derechos y libertades de los ciudadanos en una mejor democracia y sociedad. Es la obligación y responsabilidad de todos.
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