Crear una empresa obliga a tomar decisiones económicas desde el primer momento. Antes de obtener beneficios hay que afrontar los costes necesarios para poner en marcha la actividad, y entre ellos puede encontrarse la necesidad de disponer de un lugar de trabajo. Precisamente por eso, cada vez más emprendedores valoran los espacios de coworking como una alternativa al alquiler de una oficina convencional. No se trata únicamente de una cuestión de comodidad, sino de una forma diferente de plantear los costes fijos durante una etapa en la que mantener la liquidez puede resultar determinante.
El crecimiento de los espacios de trabajo flexibles en España confirma que existe una demanda consolidada. Durante 2024 se contrataron más de 25.500 puestos flexibles en el mercado español, un 15 % más que el año anterior, mientras que la ocupación media superó el 80 %. Aunque Madrid y Barcelona concentraron cerca del 90 % de las contrataciones, otras ciudades también están aumentando su actividad.
Para una empresa recién creada, el principal atractivo económico del coworking está en evitar que la oficina se convierta en una inversión inicial demasiado elevada. Al alquilar un inmueble de manera independiente, no basta con pagar la mensualidad correspondiente. El espacio tiene que estar preparado para comenzar a funcionar y, dependiendo del estado del local y del tipo de actividad, puede ser necesario gastar dinero en acondicionamiento, mobiliario, iluminación, instalaciones y equipamiento.
En cambio, un espacio compartido permite comenzar utilizando una infraestructura que ya está preparada para trabajar. El empresario puede asumir un coste relacionado con el uso efectivo del puesto o del espacio contratado sin tener que afrontar desde el primer día todos los desembolsos que supone acondicionar una oficina propia. Esta diferencia resulta especialmente relevante cuando el proyecto comienza con un presupuesto reducido.
La clave está en que el ahorro no se limita a comparar dos cuotas mensuales. Una empresa debe calcular cuánto le cuesta realmente mantener una ubicación durante todo el año. La factura eléctrica, la conexión a internet, la limpieza, el mantenimiento o determinados consumibles pueden parecer importes secundarios cuando se analizan de forma individual, pero terminan formando una cantidad significativa al acumularse durante meses. Cuando una parte de estos costes queda integrada en el funcionamiento del espacio compartido, resulta más sencillo prever el gasto mensual.
También cambia la forma de afrontar las inversiones. Una oficina propia puede requerir una cantidad importante de dinero antes de que el negocio haya empezado a generar ingresos. El emprendedor puede tener que comprar mesas, sillas, armarios, equipos informáticos adicionales o elementos destinados a reuniones y atención a clientes. Aunque estos bienes tengan una vida útil prolongada, obligan a realizar un desembolso precisamente en la fase en la que la empresa necesita conservar efectivo.
Reducir esa inversión inicial permite mantener recursos disponibles para otras necesidades. El capital que no se destina a acondicionar el espacio puede utilizarse para desarrollar el producto, contratar servicios profesionales, realizar acciones comerciales, financiar herramientas digitales o cubrir gastos corrientes. En una empresa que todavía está buscando clientes y construyendo ingresos recurrentes, disponer de una mayor reserva de liquidez puede tener un valor superior al ahorro obtenido en una única factura.
La flexibilidad de la superficie contratada es otro factor que puede repercutir directamente en las cuentas. Cuando una empresa alquila una oficina tradicional, debe tomar una decisión sobre el tamaño del inmueble antes de conocer con exactitud cómo evolucionará el negocio. Un espacio demasiado pequeño puede obligar a cambiar de ubicación si aumenta la plantilla, mientras que uno demasiado grande puede mantener una parte de sus metros cuadrados infrautilizada durante mucho tiempo.
Para una compañía que acaba de empezar, cualquiera de las dos situaciones puede representar un gasto innecesario. El coworking permite ajustar la capacidad ocupada a la dimensión real del proyecto. Un emprendedor que trabaja solo puede utilizar un espacio reducido y ampliar su capacidad cuando incorpore a otra persona. De este modo, el coste de la infraestructura puede crecer de manera gradual en lugar de obligar a realizar una previsión a largo plazo.
Esta cuestión adquiere especial importancia en proyectos cuyo futuro todavía es incierto. Una nueva empresa puede encontrarse seis meses después en una situación completamente distinta a la prevista inicialmente. Puede haber aumentado su plantilla, haber cambiado su modelo de negocio, haber trasladado parte de su actividad a internet o incluso haber reducido sus necesidades. Mantener compromisos inmobiliarios poco flexibles en estas circunstancias puede limitar la capacidad de adaptación del empresario.
El coworking también puede reducir determinados costes relacionados con la gestión del espacio. Una oficina independiente requiere resolver por cuenta propia las incidencias que surgen en su funcionamiento y coordinar los servicios necesarios para mantenerla operativa. Cuando esta responsabilidad recae directamente sobre el emprendedor, no solo existe un posible coste económico, sino también una pérdida de tiempo.
El tiempo tiene una importancia especial durante las primeras etapas de una empresa. Quien está al frente de un proyecto pequeño suele ocuparse simultáneamente de ventas, administración, atención al cliente, estrategia, proveedores y desarrollo del producto o servicio. Dedicar parte de la jornada a resolver cuestiones relacionadas con el inmueble reduce el tiempo disponible para tareas que sí contribuyen directamente a generar actividad.
Otro elemento que puede modificar el cálculo es la utilización de determinadas instalaciones de manera puntual. Una pequeña empresa puede necesitar un espacio para recibir a un cliente, mantener una reunión o celebrar un encuentro, pero no necesita necesariamente disponer de una sala de reuniones propia durante todos los días del año. En una oficina tradicional, el coste de esa superficie se mantiene, aunque no se utilice. En un entorno flexible, determinadas necesidades pueden cubrirse únicamente cuando aparecen.
La misma lógica puede aplicarse a las empresas que trabajan desde casa y empiezan a necesitar un espacio profesional, tal y como nos señalan desde Centros de Negocios, quienes nos explican que el domicilio puede servir durante la primera fase de actividad, pero aparecen nuevas necesidades cuando aumentan las reuniones, el número de colaboradores o las exigencias de privacidad. En lugar de pasar directamente a una oficina completa, un modelo de utilización flexible permite incorporar un espacio profesional de manera progresiva.
El ahorro también debe analizarse en relación con la ubicación. Las ciudades con mercados inmobiliarios más caros pueden presentar importantes diferencias entre alquilar una oficina independiente y acceder a una modalidad flexible. Sin embargo, no todos los coworkings tienen el mismo precio y una ubicación premium puede elevar considerablemente la cuota. Por este motivo, la comparación debe realizarse siempre sobre costes reales y necesidades concretas, no partiendo de la idea de que cualquier espacio compartido será automáticamente más económico.
La expansión de este tipo de espacios fuera de Madrid y Barcelona ofrece además nuevas posibilidades. Durante 2025, el mercado de oficinas flexibles mantuvo una evolución positiva en ciudades como Málaga, Valencia, Palma, Sevilla o Alicante, lo que demuestra que el fenómeno se está extendiendo territorialmente. Esto puede facilitar que determinados emprendedores desarrollen sus negocios desde ciudades donde los costes generales de funcionamiento pueden ser diferentes de los de los grandes mercados empresariales.
Hay, además, una cuestión relacionada con el riesgo financiero. Cuando una empresa comienza su actividad, sus ingresos pueden ser irregulares. Los primeros meses pueden combinar facturación reducida con gastos relativamente elevados. Reducir los costes estructurales permite contar con mayor margen para soportar este periodo de incertidumbre. En este sentido, el coworking puede funcionar como una herramienta para disminuir el nivel de compromiso necesario para disponer de una infraestructura empresarial.
¿Es España un país de emprendedores?
Hablar de España como un país de emprendedores exige ir más allá de la imagen habitual del autónomo que abre un negocio, de la pequeña empresa familiar o de quien decide abandonar un empleo para poner en marcha su propio proyecto. El ecosistema empresarial español ha cambiado considerablemente durante los últimos años y hoy conviven perfiles muy diferentes: profesionales que crean empresas tecnológicas, especialistas que trabajan por cuenta propia, fundadores que buscan crecer fuera del mercado nacional y personas que convierten una actividad que inicialmente desarrollaban de manera informal en una empresa estructurada. Por eso, la pregunta ya no es únicamente cuántos españoles emprenden, sino qué tipo de emprendimiento existe y hasta dónde consiguen llegar sus proyectos.
España cuenta con una base empresarial amplia, aunque su estructura presenta unas características particulares. Una parte importante de las nuevas iniciativas empresariales se concentra en actividades relacionadas con los servicios, el comercio, la hostelería, las actividades profesionales y otros sectores donde las barreras de entrada pueden ser relativamente reducidas. Esto facilita que una persona pueda transformar sus conocimientos o experiencia profesional en una actividad económica, pero también significa que no todos los proyectos nacen con una vocación clara de expansión.
Aquí aparece una de las principales diferencias entre emprender y crear una empresa con capacidad para crecer. Un profesional puede convertirse en empresario porque ha detectado una oportunidad concreta en su entorno, ha identificado una necesidad entre sus clientes o simplemente considera que tiene mejores posibilidades trabajando por cuenta propia. Esa decisión también forma parte del emprendimiento, aunque su objetivo no sea construir una compañía con cientos de trabajadores ni captar inversión internacional.
El panorama cambia cuando se observa el emprendimiento innovador. España ha conseguido desarrollar un ecosistema de startups que ha permitido que determinadas ciudades adquieran una presencia cada vez mayor en el mapa empresarial europeo. Madrid y Barcelona concentran buena parte de esta actividad, aunque otras ciudades también han creado comunidades vinculadas a la tecnología, la innovación y la creación de empresas. La aparición de aceleradoras, incubadoras, fondos de inversión, programas universitarios y redes de emprendedores ha contribuido a profesionalizar un fenómeno que durante mucho tiempo estuvo más fragmentado.
Este desarrollo tiene una consecuencia importante: emprender ya no significa necesariamente comenzar con una oficina, contratar trabajadores desde el primer día y asumir una estructura empresarial tradicional. Un proyecto puede comenzar con una persona, una página web y una cartera reducida de clientes. Puede vender sus servicios en otros países desde el primer momento o desarrollar un producto digital cuyo mercado potencial no tenga relación directa con la localidad donde se encuentra su fundador. La tecnología ha ampliado considerablemente las posibilidades de una persona que decide crear una empresa.
También ha cambiado la procedencia de muchos emprendedores. La creación empresarial ya no está vinculada exclusivamente a quienes pertenecen a familias con tradición empresarial. Profesionales procedentes de ámbitos como la ingeniería, el diseño, la comunicación, la programación, la consultoría o las ciencias pueden detectar oportunidades comerciales a partir de su propia especialización. En algunos casos, el conocimiento adquirido durante una trayectoria laboral termina convirtiéndose en la base de una nueva compañía.
Las universidades también desempeñan un papel cada vez más relevante en este proceso. La formación empresarial ha ganado presencia en numerosos centros educativos y los estudiantes tienen hoy más contacto con iniciativas relacionadas con innovación, creación de empresas y transferencia de conocimiento. Esto resulta especialmente importante en los proyectos tecnológicos y científicos, donde la investigación puede convertirse en una oportunidad empresarial cuando existe una aplicación comercial viable.
Sin embargo, que existan más herramientas para emprender no significa que España haya solucionado todas las dificultades asociadas a la creación empresarial. Una de las cuestiones que continúa condicionando las decisiones de quienes quieren poner en marcha un negocio es la percepción del riesgo. Crear una empresa implica asumir incertidumbre sobre los ingresos, los clientes, la evolución del mercado y la propia capacidad para mantener la actividad durante los primeros años. No todas las personas están dispuestas a asumir ese escenario, especialmente cuando cuentan con alternativas laborales que consideran más estables.
La cultura empresarial también influye, puesto que, durante décadas, el empleo público y el trabajo por cuenta ajena han tenido un peso considerable en las expectativas profesionales de muchas familias españolas. Esa realidad no impide que exista iniciativa empresarial, pero puede explicar por qué determinados perfiles prefieren desarrollar una carrera profesional convencional antes que asumir las responsabilidades asociadas a una empresa propia. El emprendimiento necesita una cierta tolerancia al fracaso y, precisamente en este punto, la percepción social ha ido evolucionando.
Fracasar con una empresa tampoco tiene hoy exactamente la misma consideración que hace unos años. En determinados círculos empresariales, una experiencia que no ha funcionado puede interpretarse como una fuente de aprendizaje y no necesariamente como una señal de incapacidad profesional. Esta transformación resulta particularmente visible en el ámbito tecnológico, donde los emprendedores pueden cerrar un proyecto y comenzar posteriormente otro utilizando los conocimientos, contactos y experiencia adquiridos.
Otro aspecto que permite medir la fortaleza emprendedora de un país es la capacidad de sus empresas para internacionalizarse. En España existen compañías que han conseguido convertir un proyecto nacido en el mercado nacional en una actividad con presencia internacional. Algunas comenzaron atendiendo a clientes locales y posteriormente encontraron oportunidades en otros países; otras diseñaron desde el principio productos destinados a mercados exteriores. Esta capacidad resulta especialmente importante porque permite reducir la dependencia de la demanda interna y aumenta las posibilidades de crecimiento.
La internacionalización, además, está cambiando la propia idea de dónde debe estar una empresa española. Un fundador puede mantener parte de su actividad en España mientras vende prácticamente todo su producto fuera. Puede contratar profesionales de distintos países, captar inversión internacional y competir con empresas que se encuentran físicamente a miles de kilómetros. El mercado de referencia deja de ser necesariamente el territorio nacional.
Por tanto, España sí puede considerarse un país con una cultura emprendedora relevante, pero sería exagerado definirla únicamente por el número de personas que crean negocios. Su verdadero potencial se encuentra en la diversidad de perfiles empresariales que están apareciendo y en la capacidad de algunos de ellos para transformar una iniciativa pequeña en una compañía competitiva.
